Programa de radio: "SERES SIN ROSTRO"

Algunos de los objetivos de este programa son: reforzar y promover el acceso de las minorías, y los grupos más desfavorecidos en los medios de comunicación

INFORME DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU SOBRE EL ESTADO ESPAÑOL

Posted by SERES SIN ROSTRO en 12 noviembre 2008

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Los días 20 y 21 de octubre, el Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe periódico del Estado Español.
Este Comité está formado por 14 expertos de reconocido prestigio de todo el mundo y es el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la O.N.U. en 1966 y ratificado por España en 1977. Cada 6 años, los Estados parte deben someterse a esta evaluación; el gobierno español ha tardado 12 años en presentar un informe desde su última comparecencia.
La APDHA presentó información al Comité de Derechos Humanos sobre las violaciones de Derechos Humanos en el estado Español, alternativa a la presentada por el Estado español, en concreto sobre cárceles, inmigración y tortura (éste último a través de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura a la que pertenece).
Informes alternativos de entidades que están en la Web de la ONU:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs93.htm
En dicho informe señalábamos el hacinamiento en las prisiones que degrada a la persona así como las irregularidades jurídicas que suponen contravención de los derechos humanos de los extranjeros a la hora de desarrollarse un procedimiento de expulsión. Y en este sentido, en el informe emitido por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (compuesta por 44 entidades, entre ellas la APDHA) se señalaba la falta de voluntad política para acabar con esta práctica, y la negación de su existencia.
Pues bien, las Naciones Unidas han considerado de gran credibilidad las alegaciones de las distintas organizaciones no gubernamentales, superior a la que dan al informe del Estado. Las Observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son las siguientes:

– Párrafo 5: “alienta al estado a recurrir cada vez más a soluciones alternativas a la prisión”.

– Párrafo 13 “el estado no parece haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva de esta práctica […] El estado debe acelerar el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura […] teniendo en cuenta la […] opinión de la sociedad civil y de todas las ONGs que participan en la lucha contra la tortura”.

– Párrafo 15: “el estado debe velar por que los plazos de detención policial y prisión preventiva se limiten de manera compatible con el art. 9 del Pacto”.

– Párrafo 16 “El comité […] sigue estando preocupado por las informaciones según las cuales la supervisión judicial de las peticiones de asilo se limita a un mero trámite, y algunas decisiones relativas a la detención y la expulsión de extranjeros son arbitrarias (artículo 13 del Pacto). El estado debe velar por que el proceso de adopción de decisiones relativas a la detención y expulsión de extranjeros respete plenamente el procedimiento previsto por la ley, y por qué en el procedimiento de concesión de asilo puedan invocarse siempre motivos humanitarios. El estado parte debe velar también por que la nueva ley sobre asilo sea plenamente conforme con el Pacto”

-Párrafo 21: “Al Comité le preocupan las informaciones relativas a la situación de los niños no acompañados que llegan al territorio español y son repatriados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño. Estos niños parecen ser víctimas de malos tratos en los centros de acogida, y a veces son detenidos en locales de la policía y de la guardia civil sin disponer de asistencia letrada ni ser presentados rápidamente ante un juez. El Estado parte debe velar por que se respeten los derechos de los niños no acompañados que entran en el territorio español. En particular el Estado parte debería: a) asegurarse de que todo niño no acompañado dispone de una asistencia jurídica gratuita durante el procedimiento administrativo y en general de expulsión; b) tomar en consideración el interés superior del niño en dichos procedimientos, y c) crear un mecanismo de vigilancia de los centros de acogida para asegurarse de que los menores no sean víctimas de abusos”.

-Párrafo 24 “El Comité fija en el 1 de noviembre de 2012 la fecha en que deberá presentarse el sexto informe periódico de España, y pide al Estado parte que incluya en su siguiente informe periódico información concreta actualizada sobre todas las recomendaciones del Comité y sobre el Pacto en su conjunto. El Comité pide además que en el proceso de preparación del sexto informe periódico participen la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que realicen actividades en el Estado parte”.

En conclusión, este informe, alerta del incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e insta al Gobierno español a tomar medidas concretas, mostrando especial preocupación por el uso excesivo de prisión y de la detención preventiva, por la detención y expulsión de extranjeros así como por la situación de los menores no acompañados que son repatriados sin tener en cuenta el interés del menor.
En relación con el fenómeno de la tortura y los malos tratos, el Comité detecta varios puntos problemáticos, entre otros, la no aplicación de una estrategia global contra esta lacra y la no adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura; la persistencia de la detención incomunicada; así como la no grabación de todos los interrogatorios en comisarías y lugares de detención.
En relación con este tema, nos remitimos a la nota de prensa elaborada por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura sobre este informe, que manifiesta el hartazgo de los expertos por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales y por la inexistencia de avances reales. La Coordinadora denuncia una vez más la inactividad de las autoridades españolas para desarrollar las reformas legales necesarias que enfrenten la abolición de los espacios de impunidad que permiten la existencia de la tortura, al mismo tiempo que demandamos la implementación de mecanismos para su prevención. En este sentido y en contra de las declaraciones de los miembros de la delegación española que participaron en las sesiones del Comité, la administración no ha tenido para nada en cuenta las opiniones de la sociedad civil en el diseño de estos mecanismos y nos tememos que la voluntad del Estado esté más dirigida a aliviar presión y evitar estas denuncias por parte de la comunidad internacional que a poner en marcha mecanismos efectivos en la lucha contra la tortura.

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