Programa de radio: "SERES SIN ROSTRO"

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ESPAÑA MENOSCABA DERECHOS HUMANOS EN LA “GUERRA CONTRA EL TERROR”.-

Posted by SERES SIN ROSTRO en 15 octubre 2008


Amnistía Internacional.

La llamada “Guerra contra el Terror” liderada por Estados Unidos ha tenido impacto en España. Las entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos a través de territorio español, los interrogatorios ilegales de policías españoles en Guantánamo o la violación de la prohibición absoluta de la tortura en relación a extradiciones y expulsiones demuestran que España ha respondido a la “Guerra contra el Terror” incumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta es la principal conclusión del informe “Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas” presentado hoy por Amnistía Internacional.
Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. “A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno español no ha tomado ni una sola medida efectiva para impedir que España vuelva a facilitar este tipo de prácticas ilegales. No lo hizo ni siquiera a partir de 2005, cuando ya no podía alegar desconocimiento de la existencia de estos vuelos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
En cualquier caso, alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre despegaron de bases españolas, si cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas. Sobre estos vuelos, el Gobierno español no informó ni al Parlamento Europeo, ni al Consejo de Europa ni al Congreso de los Diputados.
El informe “Destinos inconfensables, obligaciones incumplidas” tiene en cuenta, entre otras fuentes, las investigaciones del Parlamento Europeo que ha llegado a documentar hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también han sido relacionados con la CIA y su programa de detenciones secretas.
Amnistía Internacional también denuncia la falta de control en las bases militares españolas, algo que ha permitido una docena de escalas de aviones militares estadounidenses con origen o destino Guantánamo, algunos de los cuales podrían haber trasladado personas detenidas de forma ilegal. Según los registros aéreos portugueses y españoles, estas escalas tuvieron lugar entre enero 2002 y septiembre de 2007. En el caso de las bases de Rota y Morón de la Frontera, amparadas por el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, las autoridades españolas dieron luz verde a estas escalas a través de una autorización genérica de carácter trimestral a las autoridades estadounidenses. Para Amnistía Internacional las garantías que ha ofrecido Estados Unidos sobre la legalidad de sus movimientos en las bases tienen poca credibilidad cuando se trata de actividades relacionadas con la “Guerra contra el Terror”
La organización también lamenta la ausencia de investigaciones exhaustivas e independientes del Gobierno español para llegar hasta el fondo del asunto en relación con los vuelos secretos de la CIA en España y el uso de las bases militares para vuelos a Guantánamo. “Las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional son un paso importante. Pero hay que recordar que estas pesquisas han sido impulsadas por la sociedad civil y no por las autoridades españolas. Es urgente aclarar en qué medida España pudo facilitar la comisión de prácticas ilegales o ayudar a ellas así como determinar si funcionarios particulares incurrieron en responsabilidad penal”, añade Beltrán.
El Gobierno español tampoco ha impulsado investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre el alcance de los viajes de policías españoles a Guantánamo para interrogar a varias personas detenidas aprovechándose del limbo extralegal y las condiciones de reclusión coercitivas de la base naval. El Gobierno español ha expresado su rechazo a Guantánamo mediante una declaración oficial, pero no es suficiente. Este rechazo debe traducirse en acciones claras y contundentes para esclarecer el número y las fechas de todas las visitas, sus objetivos y las autoridades implicadas en ellas. Amnistía Internacional recuerda que un agente que interroga a un detenido sabiendo que se encuentra en una situación de dolor y sufrimiento persistentes debe ser investigado por su presunta implicación en torturas.

Incoherencia en el discurso sobre la “Guerra contra el Terror”
El Gobierno español ha defendido en foros nacionales e internacionales su apoyo a la legalidad internacional para hacer frente a los actos terroristas. Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno español sigue firmando acuerdos sobre terrorismo, cooperación judicial o de otra índole sin salvaguardas de derechos humanos efectivas con países como Marruecos, Egipto, Argelia o Estados Unidos. Todos ellos, países que han utilizado la “Guerra contra el Terror” y cuestiones de “seguridad nacional” para justificar violaciones derechos humanos.
Además, España ignora sus obligaciones internacionales sobre la prohibición absoluta de la tortura al expulsar a un ciudadano sirio, Basel Ghalyoun, a su país en julio de 2008, a pesar del riesgo fundamentado de que podría ser sometido a tortura y malos tratos, una vez trasladado. El Tribunal Supremo absolvió a Ghalyoun de su participación en los atentados del 11-M en el 2004. Inmediatamente después fue expulsado. La última información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional es que ha sido detenido en Damasco por las fuerzas de seguridad estatales y en estos momentos se encuentra incomunicado en un centro de detención.
Las autoridades españolas tampoco pueden aceptar “garantías diplomáticas” de países con historiales preocupantes de derechos humanos, que son ineficaces e imposibles de cumplir. Por ello, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no autorice la extradición del ciudadano de origen chechenio Murat Gasayev a la Federación Rusa. La extradición ya ha sido aprobada por la Audiencia Nacional en base a una serie de garantías improbables de ser efectivas y está pendiente de la decisión que tome el Consejo de Ministros.

Oportunidad para rectificar
El Gobierno español puede aprovechar todas las oportunidades que tiene en las próximas fechas para modificar su política. España asumirá la Presidencia del Consejo de Europa en el mes de noviembre. Desde esa posición, debe impulsar el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por estas organización para que se inicien investigaciones independientes sobre la participación de los Estados europeos en las entregas extraordinarias y para llevar a cabo medidas coordinadas en el ámbito europeo que garanticen que no se repiten estas y otras violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, también en noviembre, se conocerá la nueva administración norteamericana con la que podrá establecerse una nueva relación basada en el respeto mutuo a los derechos humanos.
En relación a España, como primeras medidas, Amnistía Internacional le pide al Gobierno español, entre otras recomendaciones:
• Colaborar activamente y sin dilación con la investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre el uso de los aeropuertos españoles y bases militares por parte de aviones que han participado en entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras violaciones de derechos humanos.
• Garantizar que no se utiliza ninguna parte del territorio español, incluidos su espacio aéreo, aguas y todos los aeropuertos y bases militares, para mantener o facilitar detenciones ilegales o secretas ni otras actividades ilegales. Entre otras medidas, las autoridades españolas deben pedir que toda aeronave o similar que solicite autorización para transitar o hacer escala en el territorio español indique si alguno de sus pasajeros está privado de libertad, y en este caso, cuál es su condición, destino y el fundamento jurídico de su traslado.
• Impulsar una investigación independiente e imparcial sobre el alcance de los interrogatorios de policías y funcionarios españoles a detenidos en la base naval de Guantánamo y crear mecanismos que regulen las actividades extraterritoriales de los policías, agentes de inteligencia y otros cuerpos de seguridad para impedir que puedan contribuir a violaciones de derechos humanos.
• Cumplir estrictamente con el principio internacional de no devolución y la prohibición absoluta de la tortura, absteniéndose de expulsar o extraditar a personas a países en los que pueden sufrir tortura o malos tratos. No dar por válidas “garantías diplomáticas” para esgrimir sus responsabilidades internacionales sobre la tortura.

Información complementaria
En junio de 2008 Amnistía Internacional publicó el informe “Negar la evidencia. La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas”. En el informe la organización advirtió de la falta de medidas para impedir que Europa vuelva a participar en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos. El informe puso de relieve el grado de implicación de Italia, Suecia, Reino Unido, Bosnia Herzegovina y Alemania en estas prácticas ilegales. “Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas”, el informe presentado hoy por la organización, se centra en el papel de España en este tema y otros hechos relacionados con la “guerra contra el terror.”
Amnistía Internacional ha condenado de forma persistente e inequívoca los actos de terrorismo y otros ataques deliberados contra población indefensa en una buena parte del mundo, haciendo hincapié en que los Estados tienen el deber de proteger a las personas que se hallan bajo su jurisdicción frente a tales actos. A su vez, todos los gobiernos deben cumplir los principios reconocidos internacionalmente y la obligación de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho, incluso al responder a actos o a amenazas de terrorismo.

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