Algunos de los objetivos de este programa son: reforzar y promover el acceso de las minorías y, los grupos más desfavorecidos en los medios de comunicación
La inseguridad, la abstención y los fraudes masivos que caracterizaron la primera vuelta son los principales retos de los organizadores de la segunda vuelta presidencial en Afganistán.
La población afgana volverá a las urnas el próximo 7 de noviembre para elegir al presidente del país. El secretario general de la ONU, Ban KI-Moon, anunció el miércoles que remplazará a más de la mitad de los observadores afganos que participaron en las elecciones presidenciales del 20 de agosto por no haber aplicado las reglas y hacerse cómplices de procedimientos fraudulentos.
Esta semana, la Comisión Independiente Electoral afgana anuló más de un millón de votos fraudulentos lo que redujo el porcentaje en favor de Karzai a menos del 50% necesario para ganar en la primera vuelta y poder gobernar automáticamente.
Tanto el saliente presidente, Hamid Karzai, como su rival político, el excanciller, Abdulah Abdulah, han insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de la segunda jornada electoral en la que los dos se volverán a enfrentar. La ola de violencia de los insurgentes talibanes que enmarcó la primera vuelta es, según los observadores, una de las causas del alto nivel de abstención que en esa oportunidad alcanzó el 61%.
Por otra parte, el candidato opositor afgano, Abdulah Abdulah, aseguró estar preparado para disputarle la presidencia a Karzai el 7 de noviembre y descartó posibles pactos políticos con su rival en una alianza apoyada por la comunidad internacional en aras de estabilizar el país
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia al Estado Español por una decisión del Tribunal Constitucional que consideró legítimo un control migratorio en base a los rasgos físicos de una persona de origen africano y exige una reparación pública.
“El Comité estima que es legítimo efectuar controles de identidad de manera general con fines de protección de la seguridad ciudadana y de prevención del delito o con miras a controlar la inmigración ilegal. Ahora bien, cuando las autoridades efectúan dichos controles las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Tampoco deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial. (…).
De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas público. El Estado parte tiene también la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios incurran en actos como los del presente caso.
Activistas pro derechos humanos se encierran en la sede de la ONU en Smara
Servicio de comunicación Saharaui en Canarias
Cuatro activistas saharauis de Derechos Humanos identificados como Said Sidi Mohamed, Saad Enguilla Bujarsi, Said El Beilal y Hamadi Nasiri permanecen encerrados en la sede de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) en la ciudad de Smara para exigir “el fin del exterminio del pueblo saharaui por parte de Marruecos”, según manifestaron al Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC) los propios activistas.
Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana de ayer y, aunque en principio efectivos franceses adscritos a la misión “intentaron arrebatar” a los encerrados sus banderas saharauis y las fotos de presos políticos y desaparecidos que portaban y evitar su acceso a las instalaciones, los cuatro activistas lograron entrar en la sede de la MINURSO. Sin embargo, una mujer que también formaba parte del grupo fue detenida por efectivos policiales y se ignora su paradero y situación. A media mañana, tropas marroquíes bloqueaban todos los accesos al edificio, señalaron los activistas vía telefónica.
El grupo alega que su acción se debe a “la persecución y represión por Marruecos de la población saharaui en general y en particular la de los activistas de Derechos Humanos, los despidos de sus puestos de trabajo, los allanamientos de domicilios de ciudadanos saharauis, la persecución en la calle y la vigilancia permanente a la que se ven sometidos y la campaña de detenciones de jóvenes”.
Asimismo, informaron de que entregaron un memorándum a los representantes de Naciones Unidas en el que exigen “la retirada de Marruecos de todos los territorios ocupados del Sahara” y llaman “al mundo” a “presionar a Francia para que acabe con el exterminio del pueblo saharaui”. Además, solicitan que la Misión de la ONU amplíe sus cometidos “a la defensa de los Derechos Humanos”, “que intervenga” para salvarles y que no les “entregue al represor”. La MINURSO todavía no se ha manifestado acerca de los hechos.
El tráfico de seres humanos en el mundo ha aumentado en los últimos años, sin que la legislación existente se aplique de manera efectiva. En estos momentos, las Naciones Unidas hablan de 4 millones de mujeres y dos millones de niños y niñas que cada año son esclavizados y llevados a otros países.
Aunque es imposible saber realmente cuántas personas son víctimas de la trata en todo el mundo, lo cierto es que la cifra aumente y se expande geográficamente. Las entidades sociales advierten que esta realidad ha hecho que se globalice la esclavitud.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, concedió una entrevista a ALER, en Quito, Ecuador. La Rue es guatemalteco, activista de Derechos Humanos, fue exiliado durante 12 años por la represión en el Gobierno de Lucas García, fue compañero de lucha de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz.
La entrevista está conducida por Hugo Ramírez y Carlos Flores y en la misma participan diversas radios comunitarias de varios países que preguntaron al relator de la ONU por la situación de los medios de comunicación comunitarios y el avance de la legislación sobre Libertad de Expresión.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, seña de identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.
A la tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de”promoción de la permanencia ilegal en España”. Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.
En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.
Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.
El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).
Ante esta situación, exponemos:
1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.
2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).
3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.
4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor para que pueda ser sancionable.
PLATAFORMA “SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”
Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid
José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca
María Dolores Rodríguez Pelaez. Ciudadana.
Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba
Ramón Saez Valcárcel. Magistrado. Madrid
Daniel Izuzquiza. Sacerdote jesuita. Madrid
Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid
Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante
Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid
Guillermo Toledo. Actor
Félix Pantoja García. Fiscal
Luis Guitarra. Cantautor. Madrid
Siro López. Artista. Madrid
Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid
Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid
Escucha el archivo sonoro del informe, que sacábamos en días anteriores
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, exigió el viernes 9 de enero de 2009 una investigación independiente sobre “crímenes de guerra” que habría cometido Israel en la franja de Gaza. (Foto de AP/Keystone, Martial Trezzini).
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos exigió el viernes una investigación independiente sobre “crímenes de guerra” que habría cometido Israel en la franja de Gaza, luego de informes de que las fuerzas israelíes bombardearon una vivienda repleta de civiles palestinos y mataron a 30 personas.
La sudafricana Navi Pillay informó durante una reunión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que si bien el daño causado a civiles israelíes por parte de los cohetes de Hamas era totalmente inaceptable, eso no excusaba los presuntos abusos llevados a cabo por las fuerzas israelíes como represalia.
Posteriormente, en una entrevista que le hizo la BBC de Londres, Pillay dijo que un incidente esta semana en Ciudad Gaza “parece contar con todos los elementos de un crimen de guerra”.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que soldados israelíes ordenaron la evacuación de civiles palestinos de un edificio en la urbanización de Zeitoun el 4 de enero, y 24 horas después, bombardearon el sitio.
La agencia de la ONU dijo que 110 personas se hallaban en el edificio, de acuerdo a un testimonio de cuatro testigos. De ese total, 30 personas murieron, dijo la ONU.
Por otra parte, el jueves, la Cruz Roja Internacional acusó al ejército de Israel de negar permiso a rescatistas, durante cuatro días consecutivos, para poder asistir a personas heridas en esa urbanización. Según el ejército de Israel, la demora se debió a que se libraron combates en esa zona.
Pillay dijo al consejo, con sede en Ginebra, que todos los bandos participantes en el conflicto deben atender a los heridos y no atacar a trabajadores de salud pública, hospitales y ambulancias.
Las violaciones a las leyes humanitarias internacionales son crímenes de guerra, dijo Pillay.
El consejo, de 47 miembros, que tiene mayoría de delegados africanos y árabes, está discutiendo una resolución de condena a Israel por sus acciones en Gaza.
La visita de la ministra de Defensa, Carme Chacón, al Chad, un país donde la mayoría de la población no sabía que había tropas españolas, y la muerte de dos soldados españoles en Afganistán, vuelve a abrir el debate sobre los misiones “humanitarias”. La mala conciencia que tenemos desde nuestros ricos países y la eficiente publicidad consistente en presentar los ejércitos, y hasta las guerras, como humanitarias, ha permitido que nuestros gobiernos envíen tropas a diferentes puntos del planeta sin mayor oposición de una ciudadanía que no sabe bien ni a qué lugares van, ni cuál es la razón de nuestra presencia militar.
Las encuestas del Instituto Real Elcano establecen que los españoles valoran positivamente todas las misiones españolas en el exterior. Sin embargo, hubo una de ellas, la de diciembre de 2006, en la que se preguntó sobre el grado de conocimiento que tenían de la presencia de nuestras tropas en el extranjero, y hubo sorpresas porque uno de cada cuatro entrevistados reconoció no saber responder. Sólo un 3’2 por ciento supo que había tropas en el Congo, y el doble -6’7- dijeron que las había en Haití, a pesar de que no estaba destinado un solo soldado a ese país. Un año después, en diciembre de 2007, sólo un 53 % de los encuestados reconoció que la afirmación de que España tenía tropas en Iraq era falsa.
En conclusión, que el ejército español está presente en varios conflictos sin que la ciudadanía conozca ni el lugar, ni el motivo, ni las circunstancias que rodean esas guerras. La justificación que ha calado en nuestra sociedad es la necesidad de exportar la democracia y los derechos humanos echando mano de las intervenciones militares del primer mundo. De esa forma se inventa e interioriza la ideología de la guerra humanitaria como un mecanismo de legitimación.
Olvidan que el primer paso para la guerra es enviar un ejército a otro país sin el consentimiento de este último. Es un error plantear que existen gobiernos buenos -que pueden invadir- y malos -que merecen ser invadidos y derrocados-. El poder siempre se ha presentado como altruista. Decir que se bombardea Yugoslavia para impedir una limpieza étnica, se invade Afganistán para defender los derechos de las mujeres o se ocupa Iraq para llevar la democracia y liberar al país de un dictador, no difiere mucho del discurso de la Santa Alianza para enfrentar las ideas de la Ilustración que inspiraron la Revolución Francesa, o del de Hitler que justificó su invasión de los Sudestes checoslovacos para defender a la minoría alemana. El fervor internacionalista humanitario olvida que el intervencionismo extranjero occidental, que viene a ser lo mismo que decir el estadounidense, es el que apoyó a Suharto frente a Sukarno, a los dictadores guatemaltecos frente a Arbentz, a Somoza frente a los sandinistas, a los generales brasileños contra Goulart, a Pinochet frente a Allende, al apartheid frente a Mandela, al Sha contra Mossadegh y a los golpistas venezolanos contra Chávez.
El humanista belga Jean Bricmont, en su libro “Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra” ha denunciado que mientrasla gente critica que no hayamos intervenido en Ruanda, donde cerca de 8.000 personas murieron cada día durante cien días, no se siente responsable ante el hecho de que el mismo número de personas muere en Africa cada día, todo el año, debido a enfermedades que son relativamente fáciles de prevenir. No olvidemos tampoco que muchas de esos conflictos que vamos a pacificar se desarrollan con armamento fabricado en nuestro país –somos el octavo exportador de armas del mundo-. Por ejemplo, nuestros soldados en el Líbano están desactivando minas y bombas de racimo que nosotros previamente habíamos vendido a Israel.
Hay una diferencia entre intervención y cooperación, y para cambiar nuestra mentalidad haría falta más modestia y menos arrogancia. Nuestra soberbia nos lleva a considerar que el primer mundo está en condiciones de arreglar todos los conflictos del globo, cuando la verdad es que son nuestros intereses económicos y nuestro armamento el que se encuentra detrás de todas esas guerras. Más valdrá pensar sólo en cooperación pacífica, no injerencia, respeto a la soberanía nacional y democratización de las Naciones Unidas.
Las necesidades de África, en el orden del día de la ONU
Los avances en la lucha contra la pobreza y en especial, las necesidades de África en materia de desarrollo son los dos principales temas que abordará la Asamblea General de la ONU que se reúne desde el martes 22 de septiembre en Nueva York.
Esta reunión contará con la asistencia de los presidentes de numerosos países como Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia o Irán, entre otros, así como del presidente Nicolás Sarkozy en representación de la UE.
Según la ONU, la celebración de la reunión coincide con un momento de promesas y desafíos para el continente. Aunque en los últimos años muchos países africanos han registrado un fuerte crecimiento del producto interno bruto y avances en los objetivos de desarrollo del Milenio (204 fuentes), el aumento de los precios de los alimentos y el petróleo en todo el mundo, el cambio climático (80 fuentes) y los conflictos de difícil solución (166 fuentes) amenazan con desbaratar los logros alcanzados.
Si te interesa realizar un artículo o reportaje sobre los retos de África u otros aspectos de su situación, puedes realizar tu consulta a través de ekoos.org.
Ahora que los Estados miembros de la ONU se reúnen en octubre para estudiar el avance de las negociaciones sobre un Tratado sobre el Comercio de Armas, un nuevo y detallado informe de Amnistía Internacional insta a los líderes del mundo a que adopten una “regla de oro” sobre los derechos humanos. Esta regla dice sencillamente que los gobiernos deben impedir las transferencias de armas cuando exista un riesgo importante de que sean utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
En el periodo previo a los debates de la ONU de octubre, algunos Estados —como China, Egipto, India, Pakistán, Rusia y Estados Unidos— están intentando bloquear, demorar y diluir las propuestas, lo que podría hacer que el tratado no alcance sus objetivos y permitir que el comercio de armas siga desarrollándose sin control.
“Pese a la masiva luz verde de la mayor parte de la comunidad mundial, una pequeña minoría de escépticos desea conservar el caos del statu quo para poder mirar hacia otra parte cuando se producen transferencias ostensiblemente irresponsables, lo que hace que la mayoría de los mecanismos nacionales de control de armas y embargos de la ONU sean débiles e ineficaces”, declaró Brian Wood, director de control de armas de Amnistía Internacional.
El informe “Sangre en la encrucijada: En defensa de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas” es el primer análisis detallado de los parámetros y el ámbito de un tratado de estas características en el que se estudian pormenorizadamente nueve casos de consecuencias catastróficas para los derechos humanos de un comercio de armas sin restricciones. Desde el conflicto en curso de Darfur hasta la represión militar en Myanmar y Guinea, pasando por la proliferación de la violencia religiosa en Irak, el informe muestra cómo y por qué las diferencias y lagunas actuales de las leyes nacionales sobre armas permiten que se cometan violaciones masivas de derechos humanos. El informe demuestra que sin una cláusula eficaz de derechos humanos, cabría la posibilidad de que el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas no proteja a los más vulnerables.
“Los debates sobre un Tratado sobre el Comercio de Armas han llegado a una encrucijada. Los gobiernos pueden seguir ignorando las terribles consecuencias de las transferencias internacionales irresponsables de armas o cumplir sus obligaciones en un Tratado sobre el Comercio de Armas que contenga una “regla de oro” sobre los derechos humanos que contribuirá de hecho a salvar vidas y a proteger los medios de vida de las personas”, añadió Helen Hughes, una de los autores del informe.
China, Rusia y Estados Unidos, entre muchos otros países, aparecen en el informe como destacados vendedores de armas a países donde se cometen violaciones de derechos humanos bien documentadas. El informe utiliza los detallados estudios sobre los casos de Colombia, Costa de Marfil, Guatemala, Guinea, Irak, Myanmar, Somalia, Sudán y el Chad y Uganda para demostrar cómo y por qué una “regla de oro” es esencial para que funcione un Tratado sobre el Comercio de Armas:
* China y Rusia siguen siendo los mayores proveedores de armas convencionales de Sudán, armas que utilizan las fuerzas armadas sudanesas para seguir cometiendo violaciones graves de derechos humanos en Darfur. Rusia proporcionó helicópteros militares y bombarderos, mientras que China vendió a Sudán la mayoría de las armas y municiones de que dispone este país.
* En Irak, el Departamento de Defensa de Estados Unidos financia desde 2003 la mayor parte del suministro de más de un millón de rifles, pistolas y armas de infantería para 531.000 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes en un proceso mal gestionado e irresponsable.
Este suministro ha agravado la proliferación masiva de armas y abusos graves contra los derechos humanos que comenzó con el gobierno de Saddam. En los nuevos suministros han intervenido a veces actores dudosos en cadenas de suministro internacionales y existe una ausencia básica de rendición de cuentas por parte de los gobiernos de Irak, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que ha propiciado desviaciones de suministros a grupos armados y mercados ilícitos.
* En Myanmar, pese a la persistente constante de violaciones de derechos humanos bien documentadas que cometen las fuerzas gubernamentales, China, Serbia, Rusia y Ucrania han suministrado a este país transportes blindados de personal, camiones, armas y municiones, mientras que la India ha ofrecido recientemente suministrar más armas.
El informe muestra gráficamente cómo continúan las violaciones del embargo de armas de la ONU en Costa de Marfil, Somalia y Darfur, en Sudán, debido a unas leyes nacionales débiles y a la falta de compromiso y capacidad de algunos gobiernos, lo que hace aún mayor la necesidad de un tratado eficaz. El hecho de que más del 80 por ciento de los Estados no haya establecido leyes para controlar el comercio de armas y su transporte agrava el problema.
“Este es el momento de un Tratado sobre el Comercio de Armas. Sesenta años después de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los mismos gobiernos pueden y deben llegar a un acuerdo eficaz sobre las transferencias internacionales de armas que tenga los derechos humanos en su núcleo.”
Información complementaria
En diciembre de 2006, en una histórica votación de la Asamblea General de la ONU, 153 gobiernos votaron a favor de una resolución para iniciar las labores encaminadas a redactar un tratado internacional sobre el comercio de armas. Hubo un voto en contra (el de Estados Unidos) y 24 abstenciones (los de Arabia Saudí, Bahrein, Bielorrusia, China, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, India, Irán, Irak, las Islas Marshall, Israel, Kuwait, Laos, Libia, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Siria, Sudán, Venezuela, Yemen y Zimbabue).
Amnistía Internacional se ha unido a Oxfam y a la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA) para lanzar la campaña Armas bajo Control. Esta campaña reclama un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que pueda salvar miles de vidas y obligue a los vendedores de armas irresponsables a rendir cuentas de sus actos. Desde que comenzó, en octubre de 2003, la campaña Armas bajo Control ha recabado el apoyo de más de un millón de personas de todo el mundo.
Del sábado 13 al viernes 19 de septiembre de 2008 se celebra la Semana de Acción por un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. En más de 50 países se realizarán actos relacionados con esta Semana de Acción, que recordarán a los gobiernos que “el mundo está mirando”. También habrá un juego viral para presionar a los gobiernos a fin de que apoyen un tratado sobre el comercio de armas eficaz: http://www.controlarms.org/en/games/catch-bombs
Si desean detalles de los actos y materiales, visiten el sitio web de Armas bajo Control, en www.armasbajocontrol.org
Más información sobre lo que pide Amnistía Internacional
Una “regla de oro” sobre derechos humanos en el futuro Tratado sobre el Comercio de Armas, mediante la cual los gobiernos deben prevenir las transferencias de armas cuando exista un riesgo importante de que se vayan a utilizar para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Amnistía Internacional también pide en el informe un tratado sobre el comercio de armas con un ámbito realista para que abarque todas las armas convencionales y todos los tipos de transferencias y transacciones asociadas. Algunos preferirían un tratado que cubriera sólo las siete categorías de principales armas convencionales ofensivas que se enumeran en el Registro de Armas Convencionales de la ONU, más las armas pequeñas y las armas ligeras. Sin embargo, las siete categorías de la ONU — carros de combate, vehículos blindados, sistemas de artillería de gran calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra (incluidos submarinos) y misiles y lanzamisiles— excluyen un gran número de otras armas convencionales y armas potencialmente letales que se emplean habitualmente para cometer violaciones de derechos humanos, como se ilustra en el nuevo informe.
Los nueve casos que se estudian en el informe de AI están dedicados a:
· Colombia: los suministros de armas pequeñas fomentan abusos graves contra los derechos humanos
· Costa de Marfil: tardío embargo de armas de la ONU
· Guatemala: agravamiento de los delitos violentos
· Guinea: utilización de armas en actos de fuerza excesiva contra manifestantes
· Irak: el constante suministro de armas pequeñas agrava la carnicería y la desesperanza
· Myanmar: el continuo uso indebido de armas no detiene los suministros
· Somalia: la llegada continua de armas agrava la catastrófica situación de los derechos humanos en el país
· Sudán y Chad: los envíos de armas fomentan los ataques en Darfur
· Uganda: fuerza militar desproporcionada y abuso de las armas de fuego
Vientos de Guerra Fría en el Consejo de Seguridad Análisis de Thalif Deen
NACIONES UNIDAS (IPS) El punto muerto en el que se quedó el Consejo de Seguridad de la ONU al analizar varias crisis internacionales hace que los analistas se pregunten si no han vuelto a soplar los vientos de la Guerra Fría, que muchos arrojaron al baúl de la historia tras la disolución de la Unión Soviética en 1991.
Las especulaciones se ven alimentadas por el hecho de que cuando ese órgano de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) debatió en los últimos tiempos diversas crisis, como las de Irán, Birmania, Zimbabwe y Georgia, se vio empantanado por la colisión entre los representantes de las potencias occidentales y los embajadores de Rusia y China.
El Consejo de Seguridad, recuerdan los analistas, fue escenario de batallas verbales épicas entre los diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Soviética en la década del 60, en especial durante la crisis generada por la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba en 1962.
En uno de esos debates, el representante de Washington, Adlai Stevenson, a quien muchos califican de figura “legendaria”, presionó a su par soviético, Valerian Zorin, para obtener una confirmación sobre el despliegue de misiles en la isla.
“¿Sí o no?”, preguntó Stevenson, para agregar de inmediato: “y no espere por la traducción para darme una respuesta”.
Zorin contestó, a través de un traductor: “No me encuentro ante un tribunal estadounidense y no pienso contestar a una pregunta que se me formula con el estilo que utiliza un fiscal”.
Stevenson replicó que aguardaría una respuesta “hasta que se congele el infierno”.
Las confrontaciones y alineamientos del pasado se han vuelto a instalar. En enero de 2007, una iniciativa de las potencias occidentales para sancionar a la dictadura militar de Birmania por sus violaciones a los derechos humanos enfrentó un poco habitual doble veto de China y Rusia, que gozan de ese privilegio junto con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
La historia se repitió el mes pasado, cuando Beijing y Moscú bloquearon medidas contra el régimen autoritario de Robert Mugabe, presidente de Zimbabwe, por su persecución contra miembros de la oposición, que llegó al asesinato de activistas y sus familiares.
La pulseada entre Estados Unidos y Rusia se intensificó a partir de agosto, tras la invasión de Georgia por parte de tropas rusas y el reconocimiento de Moscú a la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, dos regiones separatistas de esa nación del Cáucaso, una república que formó parte de la Unión Soviética.
Cuando el embajador estadounidense, Zalmay Khalilzad, buscó que su par ruso señalara si su país tenía el propósito de violar la soberanía e integridad territorial de Georgia, Vitaly Churkin respondió que ya había contestado ese punto. Añadió, sarcásticamente, que Khalilzad “quizás no tenía colocado el audífono cuando” cuando lo hizo.
Y cuando representantes de Washington dispararon contra Moscú por sus violaciones al derecho internacional y la Carta de la ONU al invadir Georgia, Churkin preguntó: “¿Han encontrado ya armas de destrucción masiva en Iraq o aún las están buscando?”.
“La ONU no se encamina hacia una nueva Guerra Fría”, aseguró Phyllis Bennis, directora del Proyecto Nuevo Internacionalismo del Instituto para Estudios de Políticas, con sede en Washington, y autora de varias investigaciones sobre el organismo mundial.
A medida que el poder económico, político y diplomático de Estados Unidos se ve erosionado en todo el mundo, la fuerza militar se ha convertido en un factor cada vez más dominante como herramienta para mantener la hegemonía, agregó.
“La amenaza del uso unilateral del poder militar por parte de Washington continúa aumentando, no sólo en Afganistán e Iraq, sino con más bases estadounidenses en todo el mundo, al igual que posibles nuevas intervenciones en Georgia, Irán, Pakistán y quizás otros países”, dijo Bennis a IPS.
En parte como consecuencia del creciente militarismo, y en parte a causa del hábito, los gobiernos del mundo continúan tratando a Estados Unidos como si fuera la superpotencia a la que no se puede desafiar, señaló.
“En la ONU, esto significa permitir que Washington continúe llevando la voz cantante”, afirmó Bennis.
“¿Un retorno a la Guerra Fría? No estoy seguro sobre si podemos caracterizar la situación de esa manera”, dijo a IPS un diplomático asiático quien sigue de cerca la actividad del Consejo de Seguridad y pidió no revelar su nombre.
Ese cuerpo, el más poderoso de la ONU, con capacidad para imponer sanciones y declarar la guerra, no ha estado funcionando adecuadamente en los últimos años, agregó.
“A mi juicio, la última vez que operó eficientemente fue en la etapa previa y durante la Guerra del Golfo de 1991″, cuando el gobierno del presidente estadounidense George Bush (1989-1993), “trabajó duramente para ensamblar una coalición internacional contra Iraq”, a causa de su invasión de Kuwait, dijo el diplomático.
Quizás se debió a que Estados Unidos acababa de triunfar en la Guerra Fría y consideraba que podía ser “magnánimo”, sin actuar unilateralmente, o probablemente vio la oportunidad de demostrar su liderazgo y preservar un sistema internacional que lo tenía en la cumbre, señaló.
Pero, especialmente en los últimos ocho años, “Estados Unidos se ha vuelto extremadamente ideologizado y unilateral en su enfoque. Siempre tiene la razón, uno está con ellos o consideran que se está en contra de ellos. Es blanco y negro, sin tonos de gris”, comentó el diplomático asiático.
A su juicio, esto fue evidente en los meses previos a la invasión de Iraq en 2003. “Esa actitud contaminó el planeamiento y la estrategia, pensaron que serían recibidos en Bagdad como libertadores”, agregó.
Mouin Rabbani, editor asociado de la publicación Middle East Report, que se edita en Washington, dijo a IPS que desde 1990 la ONU, y especialmente el Consejo de Seguridad, ha estado bajo el dominio, o “propiedad” de Estados Unidos, convirtiéndose en un instrumento para ignorar el derecho internacional.
Para el diplomático asiático, ese celo ideológico de Estados Unidos y sus aliados se manifiesta en la “perturbadora” tendencia a ampliar la definición de lo que constituye una “amenaza a la paz y seguridad internacionales”.
Argumentó que aunque la Carta de la ONU deja cierto margen para la interpretación, esa definición de “amenaza” estuvo generalmente confinada a la violencia o la guerra.
“Cada vez con mayor frecuencia, vemos intentos de Occidente de incluir toda clase de transgresiones como posibles motivos que justifiquen la intervención del Consejo de Seguridad”, dijo, y puso como ejemplo en los casos de represión interna, asesinatos y violación de derechos humanos perpetrados por los regímenes de Birmania y Zimbabwe.
El desafío continúa siendo si el Consejo de Seguridad es capaz de reformarse a sí mismo para convertirse en una organización internacional eficiente.
“Y en este punto, los intereses comunes de Estados Unidos y Rusia convergerán para impedir que ocurra, como sucedió en el pasado”, afirmó Rabbani. (FIN)
“Mientras se continúe considerando a Hamás como una entidad terrorista será más difícil negociar”
La alta comisionada de la ONU para los refugiados palestinos, Karen Koning, dice en esta entrevista que el proceso de paz Israel-Palestina no será posible si se excluye la Franja de Gaza y con medidas que “no funcionan” como el bloqueo.
No pretendían huir, sólo comprar alimentos, agua, jabón, algún aparato de televisión para dejar de estar desconectados y animales como cabras y pollos que les den más seguridad alimentaria. Más de 350.000 palestinos echaron abajo el miércoles 23 de enero el muro israelí que separa la Franja de Gaza de Egipto, en una acción que ha puesto de manifiesto cómo la crisis que continuamente vive la población palestina se ha agravado en los últimos días tras la decisión israelí de cortar el suministro de combustible y alimentos.Sobre la situación actual de la población palestina, las necesidades más urgentes y el papel de la comunidad internacional en esta cuestión ha hablado Karen Koning, la alta comisionada de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Koning ha visitado estos días Barcelona para firmar un acuerdo de colaboración con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y ha atendido en una entrevista conjunta a varios medios de comunicación
¿Cuál es la situación ahora mismo en Gaza y qué necesidades básicas tiene la población?
La situación es muy mala desde el año 2000, ha sido todavía peor desde el año 2006 y todavía peor desde junio de 2007. No hay ni comida, no hay acceso a electricidad y tan sólo hay posibilidad de que entre la comida más básica y las medicinas fundamentales para la atención de la población; absolutamente nada más puede entrar en la Franja de Gaza.
Si no se hubiera abierto la frontera con Egipto, ¿cuál sería la situación a día de hoy?
Si no hubieran podido pasar, la situación sería tan mala como era antes de que se rompiera el muro con Egipto. No todos los habitantes de la Franja de Gaza han podido salir y, además, sólo han podido ir a una ciudad pequeña cerca de la frontera, donde han comprado todo aquello que han podido y han terminado con todos los bienes de primera necesidad que había en la ciudad. Había personas que no pasaban frontera desde julio, y la mayoría de la gente que ha pasado ahora lo ha hecho para comprar.
¿Cuánto dinero hace falta en estos momentos para abastecer las necesidades de la población palestina en la Franja de Gaza?
Hace unos días que se lanzó un llamamiento de emergencia desde la OCHA, que desde el año 2000 ha dado el monto más importante de dinero, casi medio billón de dólares. Esto significa que cada vez hay más necesidades, no sólo entre los refugiados palestinos sino de toda la población palestina. Además, si han aumentado tanto las necesidades en Gaza es también porque ha habido un colapso del sector privado.
Por otro lado, el Gobierno de Israel ha declarado que si Egipto mantiene abierto el paso el Estado de Israel no tendría que abastecer de productos a la Franja de Gaza. Esto implicaría que el abastecimiento de productos en general pero también de combustible y electricidad se hiciera desde Egipto y no desde Israel, algo que no puede hacerse de un día para otro y que se tendría que desarrollar.
¿Cuáles son las prioridades de actuación de Naciones Unidas en la zona?
La primera prioridad para al ONU es la libertad de movimiento tanto para personas como para bienes, tanto en Gaza como en Cisjordania. En Cisjordania, debido a la construcción del muro y a los asentamientos, la capacidad de movimiento de las personas se ha visto terriblemente deteriorada y en algunas zonas donde la dificultad es enorme.
En la Franja de Gaza sólo están entrando los alimentos básicos y las medicinas, la gente necesita otro tipo de insumos para vivir, cosas tan simples como insumos para poder lavar la ropa, para que los hospitales puedan lavar las sábanas, que a los edificios llegue electricidad para que el agua llegue a los distintos pisos… pero ni siquiera hay el servicio más básico de electricidad. La dificultad para importar bienes a la Franja de Gaza ha llegado incluso a que hechos como importar papel para los libros de textos de los colegios de la UNWRA se tenga que negociar; todo se debe negociar de manera permanente.
¿No es contradictorio que por un lado se habla de paz en grandes evento como el de Anápolis y por otro lado haya acciones como este tipo de castigo colectivo que bloquean el avanzar hacia la paz?
El problema es la exclusión de Gaza, mientras se continúe considerando a Hamás como una entidad terrorista la dificultad para negociar, incluyendo al sector de Gaza, va a ser muy alta. El proceso de paz sí que puede ocurrir pero no con Gaza mientras se mantengan esta situación. Por otro lado, todo es parte de un proceso; ejemplo de ello es el encuentro de Annapolis y la reunión de donantes de París, donde nunca se había prometido una financiación tan importante como la que tuvo lugar en Francia.
No será posible organizar un proceso de paz completo hasta que se incluya en las negociaciones el territorio de la Franja de Gaza y esto obliga a realizar movimientos políticos tanto en la parte palestina como en la israelí. No habrá ningún cambio tampoco en la opinión de Israel hasta que no dejen de lanzarse misiles caseros desde la Franja de Gaza.
¿Creen los civiles palestinos en un proceso de paz viable?
La gente ha perdido la esperanza. Cuando llegué a la zona antes de la primera Intimada, la gente tenía la sensación de que la llegada de un Estado palestino estaba cerca, después del comienzo de la primera Intimada empezaron a pensar que la solución podría llegar pero para sus hijos, y ahora la sensación es que la solución no va a llegar ni para sus hijos ni para nadie, y por eso están empezando a mirar hacia otro lado.
Precisamente, una de las responsabilidades de la comunidad internacional es luchar contra esta sensación, tratar de devolver la esperanza a la población palestina. A nivel político, en ocasiones las cosas tienen que llegar a un punto tan deteriorado para que la gente se dé cuenta que tiene que empezar a negociar y discutir para que se produzca una mejora. La política que Israel ha llevado a cabo de cierre de fronteras no funciona y quizás se darán cuenta que tienen que llegar a otro tipo de acuerdo.
¿Es posible que el Consejo de Seguridad condene el bloqueo que está llevando a cabo Israel? ¿Qué mecanismos tiene Naciones Unidas para hacer que tanto palestinos como israelíes cumplan las resoluciones de este organismo internacional?
Naciones Unidas es una unión de Estados miembros. Hay muchas resoluciones sin aplicar de la ONU, no sólo en Oriente Medio sino en muchas partes del mundo. Hay también informes mensuales que se llevan al Consejo de Seguridad, y el papel más importante de la ONU es precisamente poner en la agenda del Consejo de Seguridad estas resoluciones que todavía hay que aplicar. Esto implica también una cooperación de los Estados miembros.
Ayer (22 de enero) hubo una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad y el resultado es que el Gobierno israelí ha levantado ya parte de este bloqueo. Lo que está claro es que la atención puesta en este tema ha ayudado a solucionar parcialmente el problema.
Desde su experiencia en el trabajo con refugiados, ¿cuáles cree que serán este 2008 los lugares más frágiles para vivir crisis humanitarias? ¿Es Palestina uno de ellos?
Las últimas cifras del Acnur dicen que el número de refugiados en el mundo ha bajado bastante, hasta llegar a 8,3 millones de refugiados en la actualidad. En cuanto al trabajo específico de la UNRWA, va a ser un año muy difícil e intenso. Mi esperanza es que todos trabajemos juntos y que en las negociaciones las agendas contemplen temas como Jerusalén, las fronteras, los refugiados, pero también otras cuestiones como el tema del agua y la seguridad.
Por otro lado, creo que el punto de atención este 2008 será la economía. Esto es importante porque, por ejemplo, tiene un impacto en las operaciones de la UNRWA: este año todo ha costado mucho más caro, lo que significa que nosotros tendremos que pedir más dinero a los donantes para abastecer nuestras necesidades. El ejemplo más claro es la harina, cuyo coste se ha duplicado en 2007, cuando se trata de un alimento esencial para la ayuda de emergencia y regular.
La inseguridad, la abstención y los fraudes masivos que caracterizaron la primera vuelta son los principales retos de los organizadores de la segunda vuelta presidencial en Afganistán.
Ahora que los Estados miembros de la ONU se reúnen en octubre para estudiar el avance de las negociaciones sobre un Tratado sobre el Comercio de Armas, un nuevo y detallado informe de Amnistía Internacional insta a los líderes del mundo a que adopten una “regla de oro” sobre los derechos humanos. Esta regla dice sencillamente que los gobiernos deben impedir las transferencias de armas cuando exista un riesgo importante de que sean utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
