El control de los océanos del mundo, ¿preludio para la guerra?

Uno de los esfuerzos más monumentales y arrolladores, aunque sea pasado por alto frecuentemente, del gobierno de Bush por proyectar una dominación militar mundial y al hacerlo pervertir aún más las relaciones internacionales, es lo que su iniciador, John

Bolton, en su capacidad de Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional llamó en sus días Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI).

Lanzada oficialmente el 31 de mayo de 2003, la PSI fue la más amplia aplicación de la proyección internacional del poder por parte de EE.UU. en la era posterior a la Guerra Fría, implicando como lo hace, nada menos que la capacidad de realizar vigilancia naval, interdicción [interdicción marítima, es la negación de acceso a puertos específicos a naves mercantes para la importación/exportación de mercancías a un país determinado o a varios países, N. del T.] y eventualmente acción militar desenfrenada en todos los océanos del mundo.

Las raíces de la guerra de Afganistán

El nuevo Presidente de EE.UU., el Sr. Barack Hussein Obama, ha indicado que una de sus intenciones es pedir a sus aliados de la NATO que aumenten su contribución a la guerra del Afganistán. De ahí la urgencia de que la población española esté informada sobre el origen de aquel conflicto. Por desgracia, la gran mayoría de los medios de información españoles han dado una versión sesgada de lo ocurrido en aquel país.

La carrera por la ratificación de la histórica prohibición de las bombas de racimo

En la ceremonia celebrada la semana pasada para firmar la Convención sobre Municiones en Racimo –que prohíbe la producción, el almacenamiento, el uso y la exportación de bombas de racimo–, cuatro países ratificaron también el tratado.

Noruega, Irlanda, Sierra Leona y la Santa Sede firmaron y ratificaron la Convención en la conferencia celebrada en Oslo la semana pasada. El tratado no podrá entrar en vigor hasta que lo hayan ratificado 30 países. En total, 94 países lo han firmado ya, entre ellos tres de los más afectados por el uso de bombas de racimo: Afganistán, Líbano y Laos.

“Esta prohibición histórica reducirá enormemente el devastador impacto de las municiones de racimo sobre los derechos humanos. Ahora, es fundamental que los Estados ratifiquen la Convención para que pueda entrar en vigor sin demora”, ha manifestado Brian Wood, responsable de investigación sobre control de armas de Amnistía Internacional.

Se espera que en los próximos meses se añadan nuevas firmas. Los activistas de la sociedad civil predicen que al menos un centenar de Estados firmarán finalmente el tratado. Tras la ceremonia de firma de Oslo, el tratado irá ahora a las Naciones Unidas, en Nueva York.

El tratado, que se negoció en Dublín en mayo de 2008, establece que los Estados deben prestar ayuda adecuada a las víctimas de las municiones de racimo, y deben asimismo destruir las armas de este tipo que tengan almacenadas.

Durante más de 40 años, las bombas de racimo han matado y herido a personas inocentes, y han causado un sufrimiento, unas pérdidas y unas privaciones incalculables a miles de personas en más de 20 países. Estas armas causan la muerte y lesiones a civiles no sólo durante los ataques, sino también durante años después de ser lanzadas, a causa de la contaminación mortal que provocan cuando no detonan en el momento del impacto.

Estas armas causaron en Irak en 2003 y en Kosovo en 1999 más bajas civiles que cualquier otro sistema de armamento. Su uso masivo por parte de Israel en Líbano en agosto de 2006 mató a más de 200 civiles en el año siguiente al alto el fuego. En Líbano, además de municiones de racimo estadounidenses, también se encontraron municiones de racimo de cohetes chinos tipo 81 de 122 mm, y submuniciones MZD-2 de esos mismos cohetes.

Una munición de racimo es un arma compuesta por múltiples submuniciones explosivas que se liberan de un recipiente. Las bombas de racimo dificultan la reconstrucción y la rehabilitación después del conflicto, y el peligroso trabajo de eliminarlas absorbe fondos que podrían dedicarse a otras necesidades humanitarias urgentes. El aspecto y el tamaño de estas bombas las hace especialmente atractivas, pues parecen juguetes. Se calcula que el 60 por ciento de las bajas civiles que provocan son niños y niñas.

Los países que firmaron la Convención sobre Municiones en Racimo en Oslo el 3 y 4 de diciembre son: Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Filipinas, Fiyi, Francia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Italia, Japón, Kenia, Laos, Lesoto, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malí, Malta, México, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República Checa, República del Congo, República de Moldavia, República Unida de Tanzania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Ruanda, Samoa, San Marino, la Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Uganda, Uruguay y Zambia.

Más información

Firmado en Oslo un tratado histórico sobre las bombas de racimo

ESPAÑA MENOSCABA DERECHOS HUMANOS EN LA “GUERRA CONTRA EL TERROR”.-

Amnistía Internacional.

La llamada “Guerra contra el Terror” liderada por Estados Unidos ha tenido impacto en España. Las entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos a través de territorio español, los interrogatorios ilegales de policías españoles en Guantánamo o la violación de la prohibición absoluta de la tortura en relación a extradiciones y expulsiones demuestran que España ha respondido a la “Guerra contra el Terror” incumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta es la principal conclusión del informe “Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas” presentado hoy por Amnistía Internacional.
Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. “A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno español no ha tomado ni una sola medida efectiva para impedir que España vuelva a facilitar este tipo de prácticas ilegales. No lo hizo ni siquiera a partir de 2005, cuando ya no podía alegar desconocimiento de la existencia de estos vuelos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
En cualquier caso, alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre despegaron de bases españolas, si cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas. Sobre estos vuelos, el Gobierno español no informó ni al Parlamento Europeo, ni al Consejo de Europa ni al Congreso de los Diputados.
El informe “Destinos inconfensables, obligaciones incumplidas” tiene en cuenta, entre otras fuentes, las investigaciones del Parlamento Europeo que ha llegado a documentar hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también han sido relacionados con la CIA y su programa de detenciones secretas.
Amnistía Internacional también denuncia la falta de control en las bases militares españolas, algo que ha permitido una docena de escalas de aviones militares estadounidenses con origen o destino Guantánamo, algunos de los cuales podrían haber trasladado personas detenidas de forma ilegal. Según los registros aéreos portugueses y españoles, estas escalas tuvieron lugar entre enero 2002 y septiembre de 2007. En el caso de las bases de Rota y Morón de la Frontera, amparadas por el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, las autoridades españolas dieron luz verde a estas escalas a través de una autorización genérica de carácter trimestral a las autoridades estadounidenses. Para Amnistía Internacional las garantías que ha ofrecido Estados Unidos sobre la legalidad de sus movimientos en las bases tienen poca credibilidad cuando se trata de actividades relacionadas con la “Guerra contra el Terror”
La organización también lamenta la ausencia de investigaciones exhaustivas e independientes del Gobierno español para llegar hasta el fondo del asunto en relación con los vuelos secretos de la CIA en España y el uso de las bases militares para vuelos a Guantánamo. “Las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional son un paso importante. Pero hay que recordar que estas pesquisas han sido impulsadas por la sociedad civil y no por las autoridades españolas. Es urgente aclarar en qué medida España pudo facilitar la comisión de prácticas ilegales o ayudar a ellas así como determinar si funcionarios particulares incurrieron en responsabilidad penal”, añade Beltrán.
El Gobierno español tampoco ha impulsado investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre el alcance de los viajes de policías españoles a Guantánamo para interrogar a varias personas detenidas aprovechándose del limbo extralegal y las condiciones de reclusión coercitivas de la base naval. El Gobierno español ha expresado su rechazo a Guantánamo mediante una declaración oficial, pero no es suficiente. Este rechazo debe traducirse en acciones claras y contundentes para esclarecer el número y las fechas de todas las visitas, sus objetivos y las autoridades implicadas en ellas. Amnistía Internacional recuerda que un agente que interroga a un detenido sabiendo que se encuentra en una situación de dolor y sufrimiento persistentes debe ser investigado por su presunta implicación en torturas.

Incoherencia en el discurso sobre la “Guerra contra el Terror”
El Gobierno español ha defendido en foros nacionales e internacionales su apoyo a la legalidad internacional para hacer frente a los actos terroristas. Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno español sigue firmando acuerdos sobre terrorismo, cooperación judicial o de otra índole sin salvaguardas de derechos humanos efectivas con países como Marruecos, Egipto, Argelia o Estados Unidos. Todos ellos, países que han utilizado la “Guerra contra el Terror” y cuestiones de “seguridad nacional” para justificar violaciones derechos humanos.
Además, España ignora sus obligaciones internacionales sobre la prohibición absoluta de la tortura al expulsar a un ciudadano sirio, Basel Ghalyoun, a su país en julio de 2008, a pesar del riesgo fundamentado de que podría ser sometido a tortura y malos tratos, una vez trasladado. El Tribunal Supremo absolvió a Ghalyoun de su participación en los atentados del 11-M en el 2004. Inmediatamente después fue expulsado. La última información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional es que ha sido detenido en Damasco por las fuerzas de seguridad estatales y en estos momentos se encuentra incomunicado en un centro de detención.
Las autoridades españolas tampoco pueden aceptar “garantías diplomáticas” de países con historiales preocupantes de derechos humanos, que son ineficaces e imposibles de cumplir. Por ello, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no autorice la extradición del ciudadano de origen chechenio Murat Gasayev a la Federación Rusa. La extradición ya ha sido aprobada por la Audiencia Nacional en base a una serie de garantías improbables de ser efectivas y está pendiente de la decisión que tome el Consejo de Ministros.

Oportunidad para rectificar
El Gobierno español puede aprovechar todas las oportunidades que tiene en las próximas fechas para modificar su política. España asumirá la Presidencia del Consejo de Europa en el mes de noviembre. Desde esa posición, debe impulsar el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por estas organización para que se inicien investigaciones independientes sobre la participación de los Estados europeos en las entregas extraordinarias y para llevar a cabo medidas coordinadas en el ámbito europeo que garanticen que no se repiten estas y otras violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, también en noviembre, se conocerá la nueva administración norteamericana con la que podrá establecerse una nueva relación basada en el respeto mutuo a los derechos humanos.
En relación a España, como primeras medidas, Amnistía Internacional le pide al Gobierno español, entre otras recomendaciones:
• Colaborar activamente y sin dilación con la investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre el uso de los aeropuertos españoles y bases militares por parte de aviones que han participado en entregas extraordinarias, detenciones secretas u otras violaciones de derechos humanos.
• Garantizar que no se utiliza ninguna parte del territorio español, incluidos su espacio aéreo, aguas y todos los aeropuertos y bases militares, para mantener o facilitar detenciones ilegales o secretas ni otras actividades ilegales. Entre otras medidas, las autoridades españolas deben pedir que toda aeronave o similar que solicite autorización para transitar o hacer escala en el territorio español indique si alguno de sus pasajeros está privado de libertad, y en este caso, cuál es su condición, destino y el fundamento jurídico de su traslado.
• Impulsar una investigación independiente e imparcial sobre el alcance de los interrogatorios de policías y funcionarios españoles a detenidos en la base naval de Guantánamo y crear mecanismos que regulen las actividades extraterritoriales de los policías, agentes de inteligencia y otros cuerpos de seguridad para impedir que puedan contribuir a violaciones de derechos humanos.
• Cumplir estrictamente con el principio internacional de no devolución y la prohibición absoluta de la tortura, absteniéndose de expulsar o extraditar a personas a países en los que pueden sufrir tortura o malos tratos. No dar por válidas “garantías diplomáticas” para esgrimir sus responsabilidades internacionales sobre la tortura.

Información complementaria
En junio de 2008 Amnistía Internacional publicó el informe “Negar la evidencia. La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas”. En el informe la organización advirtió de la falta de medidas para impedir que Europa vuelva a participar en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos. El informe puso de relieve el grado de implicación de Italia, Suecia, Reino Unido, Bosnia Herzegovina y Alemania en estas prácticas ilegales. “Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas”, el informe presentado hoy por la organización, se centra en el papel de España en este tema y otros hechos relacionados con la “guerra contra el terror.”
Amnistía Internacional ha condenado de forma persistente e inequívoca los actos de terrorismo y otros ataques deliberados contra población indefensa en una buena parte del mundo, haciendo hincapié en que los Estados tienen el deber de proteger a las personas que se hallan bajo su jurisdicción frente a tales actos. A su vez, todos los gobiernos deben cumplir los principios reconocidos internacionalmente y la obligación de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho, incluso al responder a actos o a amenazas de terrorismo.

Las 935 mentiras de Bush Junior

Por: ASTOR DÍAZ SIMÓN

Las compilación de las 935 mentiras utilizadas por la Administración Bush para desinformar sobre la situación en el Iraq anterior a la guerra sirve, más allá de la anécdota, para presentar en sociedad al Center for Public Integrity (www.publicintegrity.com), una organización periodística no partidista creada para producir y compilar piezas informativas sobre los grandes casos en los que el interés privado se ha servido de canales, agentes e instituciones públicas para lograr sus objetivos, siempre en el espacio de los EE UU. Aunque fue fundada en 1989, sus trabajos más interesantes se derivaron de la situación política creada entre el 11-S y la reelección de George W. Bush en 2004.

Del enorme peso que adquirieron ciertas firmas en aquellos momentos trata el proyecto Windfalls of War (ganancias inesperadas de la guerra), en el que se describen relaciones de interés puntuales entre corporaciones privadas y el Gobierno. Los criterios empleados se definen en función del capital donado para campañas electorales republicanas entre 1990 y 2002, y del percibido por la explotación de contratas adjudicadas a dedo para la reconstrucción del Iraq de postguerra. Según este informe, empresas como Halliburton (invirtió dos millones y ganó 11.000), Parsons Corp o Fluor Corp pueden presumir de un ratio de ganancias de uno a mil en esta provechosa relación. Continuando con esta lógica de explotación del espacio público, el centro ha desarrollado varios trabajos que investigan el clima de intrusión de las grandes industrias (armas, farmacéutica, medios) en los órganos ejecutivos estadounidenses.

Así, The Buying of the President completa el trabajo anterior desde una perspectiva más amplia (financiación electoral masiva a cambio de tutela y protección para actividades comerciales en todos los campos, en cuyo caso las estrellas son Enron y General Electric), y The Shadow Government se centra en un método de infiltración más sutil y generalizado como es el lobby, explicando las funciones de los más de 900 comités y comisiones que aconsejan a legisladores y congresistas sobre las políticas a seguir en aspectos como derechos humanos, cambio climático o financiación de la sanidad. Según el informe, estos instrumentos de la iniciativa privada consumen más de 400 millones de dólares en recursos públicos y emplean a más de 36.000 personas, de las cuales el 70% son reclutadas en las grandes multinacionales.

LA “GUERRA CONTRA EL TERRORISMO” SE MUDA MÁS AL ESTE

Por Jim Lobe

WASHINGTON (IPS) El anuncio del Departamento de Defensa de Estados Unidos de que enviará unos 3.200 marines a Afganistán revela la preocupación de Washington sobre el resurgimiento del movimiento islamista Talibán, así como la toma de conciencia de que la “guerra contra el terrorismo” regresa a sus raíces más al este.

El nuevo despliegue, que se realizará durante los próximos tres meses, incrementará a unos 30.000 el número total de soldados estadounidenses en Afganistán, una cifra aún significativamente menor a los 160.000 que hay en Iraq. De todas formas, supone un tácito reconocimiento de que las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no han sido capaces de subyugar a los rebeldes pashtún (patanes).

De hecho, antes del anuncio del Pentágono el 15 de enero, un atacante suicida perpetró un atentado en un lujoso hotel en Kabul, matando a más de media docena de personas, incluyendo a un ciudadano estadounidense y a un periodista noruego que cubría la visita del canciller de su país.

El periódico The New York Times señaló que se trató de “uno de los más descarados ataques por parte del Talibán en el protegido corazón de la capital afgana”.

La delicada situación de seguridad en Afganistán, sin embargo, no es la única preocupación de Washington en la región.

La continua incertidumbre política tras el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto en el vecino Pakistán, donde diversas milicias islamistas y patanes se han unido bajo el liderazgo de un comandante talibán pakistaní muy vinculado con la red terrorista Al Qaeda, llevó a ese país de Asia meridional, poseedor de armas nucleares, al tope de la agenda de seguridad nacional de Washington.

De hecho, la afirmación de que “Pakistán es el lugar más peligroso del mundo” se ha convertido en un nuevo cliché del discurso de política exterior estadounidense en las últimas semanas.

En diciembre, el secretario de Defensa, Robert Gates, subrayó esa preocupación, indicando que “Al Qaeda ahora parece haber tornado su vista a Pakistán, y ataca al gobierno y al pueblo pakistaní”. Gates dijo esto apenas una semana antes del asesinato de Bhutto.

El crimen, así como los indicios de que el cada vez más impopular presidente Pervez Musharraf estaba maniobrando, primero para demorar y luego para fraguar las elecciones ahora previstas para febrero, renovaron un debate sobre las condiciones que Washington debería poner a su ayuda a Islambad este año por casi 1.500 millones de dólares, en gran parte con fines militares.

De hecho, el anuncio hecho por el Pentágono el 31 de diciembre, apenas cuatro días después del asesinato de Bhutto, de que había aprobado la transferencia por parte de la compañía de defensa Lockheed Martin de 18 aviones F-16 a Pakistán, desató fuertes críticas a la administración de George W. Bush.

“La decisión de seguir adelante con la venta por 500 millones de dólares de aviones de combate de avanzada a Pakistán demuestra cuán peligrosamente equivocada es la política de Bush. ¿Cómo puede la Casa Blanca siquiera pensar en dar luz verde a una venta como esa en un momento tan delicado como este?”, dijo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Joseph Biden, del opositor Partido Demócrata.

“Envía exactamente el mensaje equivocado a los generales y al pueblo de Pakistán. Es el momento de ejercer presión contra el gobierno y los militares para investigar completamente el asesinato de Benazir Bhutto y celebrar elecciones libres y justas”, añadió.

Mientras Biden y otros sostienen que la ayuda militar debería continuar, aunque condicionada a determinadas reformas políticas, muchos alertan que la mayor parte de los 11.000 millones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Pakistán en los últimos cinco años fueron usados para comprar sistemas armamentísticos convencionales más apropiados para la guerra contra India que para ser usados en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), en la frontera con Afganistán, donde tienen base los talibanes.

“Los F-16 en realidad no pueden ser usados para la contrainsurgencia en las FATA”, según Steven Coll, presidente de la New American Foundation (NAF) y autor del libro “Ghost Wars”, una historia sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y Al Qaeda en Afganistán desde 1979 y hasta los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Cada vez más preocupados por los avances logrados por los talibanes pakistaníes bajo el liderazgo de Baitullah Mehsud, a quien Musharraf acusó del asesinato de Butto, y por la poca eficacia de las fuerzas pakistaníes, funcionarios de Estados Unidos discuten planes para autorizar a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales para realizar ataques en la frontera con Afganistán contra objetivos clave del Talibán y de Al Qaeda.

Estas acciones, sin embargo, podría provocar duros contragolpes contra intereses de Estados Unidos, cuya popularidad en Pakistán está en su punto más bajo de toda la historia, así como cualquier líder pakistaní que apruebe esas operaciones. El propio Musharraf condenó públicamente la idea, si bien ha permitido ocasionales ataques con misiles contra objetivos específicos por parte de aviones estadounidenses con base en Afganistán.

“Sería un suicidio político para un líder pakistaní permitir” esas operaciones, sostuvo Peter Berger, experto en Al Qaeda y codirector con Coll de la Iniciativa sobre Terrorismo y Contrainsurgencia de la NAF.

La aprobación popular para el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, “llega a 70 por ciento en las FATA y en la Provincia de la Frontera Noroccidental”, añadió, citando una reciente encuesta según la cual tres de cada cuatro pakistaníes se oponen a una intervención estadounidense. (FIN)

Crimen de Ocupación, que no de guerra

Organizaciones

José Couso: Concentración martes 8 de enero de 2008
Recibido de Colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso el 03/01/2008 01.07

Concentración ante la embajada de EE.UU a las 20:00h.

Otro año más CONTRA LA IMPUNIDAD ¡¡JUSTICIA YA!!

Puedes descargar una copia el cartel para fotocopiarlo y distribuirlo por tu barrio, centro de trabajo, estudios… ¡ayúdanos a difundir la convocatoria!

Cartel para imprimir en http://www.josecouso.info

Bien venidos a nuestra página, Seres Sin Rostro, Tierra Libertad